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El intendente Martín Llaryora recibió las llaves y el acta correspondiente que acredita la toma de posesión de la Municipalidad del edificio donde funciona el Centro de Participación Comunal (CPC) Guiñazú, luego que la actual gestión desembolsara de contado 6.8 millones de pesos por la adquisición del inmueble y renegociara la deuda en concepto de alquileres no pagados.

De esta manera, la gestión Llaryora evitó la orden de lanzamiento de la Justicia contra este CPC, ya que la deuda de la administración anterior con los propietarios de la “Casona Guiñazú” en concepto de alquileres no pagados, motivó una demanda de desalojo.

Concretamente, desde el mes de agosto de 2018 la administración anterior no abonaba el alquiler, por lo cual la actual administración para hacerse poseedor del bien tuvo que desembolsar de contado los 6.8 millones, que es el valor establecido por el Consejo General de Tasaciones de la Provincia y renegociar la deuda de alquileres no pagados por el monto de 2 millones de pesos aproximadamente.

“No sólo no pagaron alquileres, tampoco pagaron la expropiación que oportunamente le aprobó en 2018 el Concejo Deliberante, vía ordenanza”, explicó el secretario de Participación Ciudadana, Guillermo Marianachi, quien agregó que “los vecinos de la ciudad ahora son los verdaderos dueños de esta Casona donde funciona el CPC Guiñazú”.

Así, como consecuencia del pago del precio de expropiación, y a los fines de la trasmisión del dominio del inmueble a la Municipalidad de Córdoba, el Juez libra el respectivo oficio en el cual se ordena al Oficial de Justicia “poner en posesión de la Municipalidad de Córdoba” (“tradición” o entrega) el inmueble ubicado en calle Juan B. Justo N° 9654 donde se ubica la Casona.

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